Europeana v1.0 project

Bases para un dominio público saludable

Lo s museos, bibliotecas y archivos albergan en sus fondos el patrimonio cultural y científico de todo ciudadano europeo. Todas ellas son entidades encargadas de preservar el conocimiento compartido por todos los ciudadanos. Desempeñan un papel fundamental en la conservación del dominio público para beneficio de todos los europeos y deben respetar una serie de principios generales. Esos principios consisten fundamentalmente en garantizar el pleno entendimiento del concepto de dominio público y asegurar su continua función en el entorno tecnológico de la sociedad de la información en red. Estos principios no tienen como objetivo impedir la utilización de materiales del dominio público con fines comerciales. Al contrario, tienen como finalidad establecer una serie de normas que garanticen el buen funcionamiento del dominio público en el entorno digital.

1. La protección de derechos de autor es temporal. Los derechos de autor otorgan a los distintos creadores un monopolio temporal sobre sus obras. Una vez expirado ese período de tiempo, las obras pasan automáticamente a formar parte del dominio público. La mayor parte del conocimiento compartido formará parte en última instancia del dominio público y los derechos de autor constituyen una transición con limitación temporal anterior a ese estado permanente.
2. Las obras del dominio público permanecerán en él. El control exclusivo sobre materiales del dominio público no se puede recuperar ni exigiendo derechos exclusivos sobre reproducciones técnicas de determinadas obras ni por vía contractual y/o tecnológica que limite el acceso a las reproducciones técnicas de esas obras. Las obras que forman parte del dominio público en forma analógica siguen siendo parte de él una vez hayan sido digitalizadas.
3. El usuario legítimo de una copia digital del dominio público podrá reutilizar, copiar y modificar la obra. El concepto de dominio público garantiza el derecho de reutilización, modificación y reproducción; derecho que no ha de verse limitado por medidas contractuales y/o tecnológicas. Cuando una obra ha entrado a formar parte del dominio público, dejan de existir bases legales que impongan restricciones al uso de esa obra.

Directrices para proteger la función del dominio público

Existen una serie de prácticas significativas que ponen en peligro la función del dominio público. En las últimas décadas hemos sido testigos del aumento del alcance de los derechos de autor tanto a nivel temporal como temático. Esto ha tenido repercusiones negativas en el dominio público y ha limitado la capacidad de interacción entre ciudadanos e instituciones de la memoria con documentación de gran relevancia portadora del conocimiento y la cultura compartidos. Con el fin de contrarrestar esta tendencia se han publicado las siguientes directrices.

1. Los cambios en materia de protección de los derechos de autor han de tenerse en consideración a efectos del dominio público. Los cambios relacionados con la prolongación temporal de los derechos de autor no deben aplicarse de manera retroactiva. En el siglo XX los derechos de autor han ampliado, a expensas del público en general, su alcance a nivel temporal para proteger los intereses de los titulares de derechos. Como consecuencia, los ciudadanos han visto limitado, por motivos de derechos de autor y restricciones técnicas, su acceso a gran parte del conocimiento y cultura compartidos. Es, por tanto, nuestra obligación garantizar que esta situación no empeora en el futuro.
2. No debe utilizarse ningún otro derecho de la propiedad intelectual para recuperar exclusividad sobre material del dominio público. El dominio público es una pieza clave en el equilibrio interno del sistema de derechos de autor. Este equilibrio no debe verse, de ninguna manera, manipulado por acciones para obtener o recuperar el control exclusivo sobre obras haciendo uso de regulaciones ajenas a los derechos de autor. Tampoco deben utilizarse medidas de protección tecnológica amparadas por estatutos que limitarían el valor práctico de las obras del dominio público. Además, tampoco debe hacerse uso de derechos de la propiedad intelectual, como por ejemplo marcas registradas, para restringir la utilización y reproducción de obras del dominio público

Contexto

El dominio público es un recurso compartido que constituye las bases de la actual sociedad. La digitalización del conocimiento y de la información conlleva a menudo la utilización de contratos legales que dificultan el libre acceso al dominio público digitalizado. Esta práctica es totalmente contraria al principal objetivo de Europeana. La principal finalidad de Europeana es poner a disposición de todo ciudadano europeo las obras del dominio público cultural y científico europeo en formato digital con el fin de estimular el desarrollo e impulsar la actividad empresarial e innovadora. Éste es el objetivo de la Comisión Europea, institución fundadora de Europeana, y de Europeana Foundation, encargada del servicio.

Europeana Foundation está compuesta por diversas asociaciones internacionales que representan a museos, archivos, videotecas y bibliotecas; las entidades que proporcionan el material de la colección de Europeana. El principal objetivo de la Fundación es la transparencia en lo referente al significado y la utilización del dominio público. Europeana es patrimonio de todos los ciudadanos y debe representar el interés público.

Esta Carta es una declaración de principios, no un contrato. No crea obligaciones legales para los proveedores de contenido. La publicación de esta Carta por parte de Europeana Foundation tiene como principal objetivo incitar al debate entre las diversas instituciones de la memoria europeas, las autoridades responsables así como los fundadores en materia de disponibilidad del contenido digital de las obras del dominio público.

Con relación al acceso y la reutilización de obras del dominio público, Europeana aplica las políticas establecidas por los diversos proveedores de contenido. Cada entidad tiene competencias para establecer las condiciones en que el contenido se hace disponible, y determinar y aclarar los derechos aplicables a cada contenido. Esto hace numeroso el número de prácticas utilizadas por las entidades proveedoras de contenido.

La Carta del dominio público contribuirá a crear mayor consistencia, lo que irá en beneficio de todos los usuarios. Los usuarios se han quejado de las diversas prácticas establecidas y, en especial, de que algunas entidades cobran por la descarga e incluso el acceso a documentos digitalizados que forman parte del dominio público en su forma analógica. Consideran éste un obstáculo para los ciudadanos que desean ejercer su derecho de acceso al patrimonio existente en el dominio público.

¿Qué es el dominio público?

El dominio público está compuesto por todo el conocimiento y la información, incluidos libros, fotografías y material audiovisual, no sujetos a protección de derechos de autor y que pueden ser utilizados sin restricciones, aunque sujetos en algunos países europeos a derechos morales perpetuos para los autores. El dominio público ofrece un equilibrio frente a los derechos de los autores adquiridos históricamente a través de los derechos de la propiedad intelectual y es fundamental para la memoria cultural así como base de conocimiento de nuestras sociedades. El dominio público incluye dos tipos de material:

1. Obras en las que la protección de derechos de autor ha expirado. En la mayor parte de Europa, los derechos de autor en una obra son efectivos durante los 70 años posteriores a la muerte del último de sus creadores. Si el titular de los derechos de autor es una empresa son efectivos durante los 70 años posteriores a su publicación. Una vez expirada esta protección, dejan de existir sobre la obra restricciones legales. Esto significa que los derechos de autor de casi todas las obras publicadas, pintadas, fotografiadas o publicadas en cualquier lugar del mundo antes del siglo XX han expirado y estas obras forman ahora parte del dominio público.
2. Bienes comunes públicos de información no cubiertos por derechos de autor. Obras no protegidas por derechos de autor por no ser originales. Las ideas y los hechos no están protegidos por derechos de autor, pero sí lo están las manifestaciones de éstos en documentos. Las leyes y decisiones administrativas y judiciales quedan, sin embargo, exentas de este tipo de protección. Los bienes públicos comunes se consideran demasiado importantes para el buen funcionamiento de nuestras sociedades para tener que cargar con restricciones legales, incluso durante un período limitado de tiempo.

Es fundamental mencionar que además del dominio público, tal como se ha descrito anteriormente, existe un número de limitaciones y excepciones que reducen las restricciones legales y garantizan un acceso suficiente a nuestro conocimiento y cultura compartidos. Estas excepciones aseguran que los derechos de autor concedidos a creadores de obras no interfieran con necesidades específicas de la sociedad. También garantizan el acceso a nuestro conocimiento, permiten el buen funcionamiento de instituciones sociales esenciales e incitan a la participación social de individuos con necesidades especiales.

¿Por qué es importante el dominio público?

El dominio público es el material en bruto a partir del que se deriva nuevo conocimiento y nuevas obras culturales. Poseer un dominio público saludable y próspero es esencial para el bienestar económico y social de nuestras sociedades.

Mucho del conocimiento mundial, por ejemplo, la Enciclopedia de Diderot, las pinturas de Leonardo de Vinci, las leyes de movimiento de Newton, forman parte del dominio público. La sociedad reutiliza, reinterpreta y reproduce continuamente material en el dominio público y desarrolla, de esta manera, nuevas ideas y produce obras. Las nuevas teorías, inventos, obras culturales y similares son fruto, en parte, del conocimiento y la creatividad de trabajos producidos en siglos anteriores.

El dominio público en la era digital

Internet permite el acceso a parte del conocimiento y creatividad digitalizados en una medida concebida como imposible antes de su creación. Es el impulsor de esfuerzos de digitalización a gran escala que cambiarán en su esencia la función de las instituciones del patrimonio cultural y científico. La digitalización de colecciones analógicas crea nuevas oportunidades para compartir y reutilizar conocimiento de manera creativa, incita al ciudadano a explorar y reaccionar frente al patrimonio común siguiendo nuevas vías a las que la legislación común todavía se ha de adaptar. También ha situado en primer plano el tema de derechos de autor para los titulares de nuestro patrimonio cultural y científico. Durante generaciones las instituciones de la memoria han sido las encargadas de preservar el patrimonio para los ciudadanos y permitirles el acceso a éste. Ambas funciones se desempeñaban gracias a la contribución de los ciudadanos, a través de, por ejemplo, el pago de impuestos.

Responsables de la conservación del conocimiento y de la cultura compartidos, las instituciones de la memoria sin ánimo de lucro deberían cumplir la función de clasificar y preservar de manera eficaz las obras del dominio público. Parte de su cometido es garantizar que las obras del dominio público sean accesibles a toda la sociedad, haciéndolas disponibles de la manera más amplia posible. Como guardianes de nuestra cultura y conocimiento comunes, las instituciones de la memoria deben reconocer que su papel es fundamental para permitir la creatividad de los ciudadanos y facilitar los materiales en bruto necesarios para la cultura, ciencia, innovación y crecimiento económico contemporáneos.

Al mismo tiempo, la transformación de guardianes de colecciones analógicas en proveedores de servicios digitales acarrea, para estas entidades, desafíos de gran envergadura. Crear y mantener colecciones digitales resulta caro y es posible que el sector del patrimonio cultural carezca de recursos para asumir esta nueva responsabilidad. Los patrocinadores de los gobiernos deben, por lo tanto, estimular o exigir a las organizaciones que generen ingresos mediante la concesión de licencias de contenido a gran variedad de usuarios comerciales.

Las sociedades públicas y privadas constituyen en la actualidad una buena opción para contribuir en gran medida a la financiación en materia de digitalización. Los agregadores de contenido comerciales pagan por la digitalización de la información a cambio del acceso privilegiado a colecciones digitalizadas. Esta práctica demuestra que existen razones suficientes para intentar alcanzar el máximo control posible en la reproducción digital de obras del dominio público. Algunas organizaciones exigen derechos de exclusividad sobre versiones de obras del dominio público y están iniciando relaciones exclusivas con socios comerciales que tratan de obstaculizar el libre acceso a las obras.

Estos derechos de exclusividad aíslan la información digitalizada y dificultan el acceso a ella de profesores, innovadores y ciudadanos, así como de instituciones de la memoria comprometiendo de esta manera su principal misión y debilitando su relación con los usuarios. Las obras que forman parte del dominio público en forma analógica deben seguir estando disponibles sin cargo alguno en forma digital. Esto significa que digitalizar tales obras aumentará el acceso público a ellas en lugar de imponer restricciones. Para conservar su relevancia en la era digital, las organizaciones encargadas del patrimonio cultural y científico deben esforzarse por aumentar el acceso a toda cultura o conocimiento compartidos. Asimismo, deben actuar como principal punto de referencia para las obras pertenecientes a sus propias colecciones. Además pueden desarrollar servicios adicionales en torno a sus contenidos sin la necesidad de exigir derechos de exclusividad sobre obras que ya formaban parte del dominio público en forma analógica.

Finalmente, a nivel político y de diseño de políticas, la digitalización del conocimiento y de la información representa el interés común de toda la sociedad. Una vez digitalizado, todo conocimiento debería ser libremente accesible para empresas creativas e innovadores en el campo de la investigación y desarrollo, así como empresarios en el campo tecnológico que pueden utilizarlos como base para nuevas ideas y aplicaciones.

El objeto de esta Carta es, por consiguiente, poner de manifiesto, ante los proveedores de contenido, las autoridades responsables y el público en general, la idea en que se basan Europeana y Europeana Foundation: el deseo de fortalecer el concepto de dominio público en el mundo digitalizado. Y para alcanzar este objetivo, es fundamental que todo ciudadano tenga una visión clara y actualizada de este esencial recurso.

Si desea responder a la Carta del dominio público de Europeana, por favor póngase en contacto con info@europeana.eu